Saca, Cristiani y los encubridores de las masacres de ARENA

La Audiencia investiga a Alfredo Cristiani, primer presidente de ARENA, como encubridor por la masacre de los jesuitas en 1989

Era demasiado tarde para que hubiera estudiantes. Sobre las tres de la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en pleno toque de queda, una treintena de miembros uniformados del batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño entraron en la Universidad Centroamericana (Uca) de San Salvador y dispararon contra todos los que encontraron. En esa matanza perecieron Ignacio Ellacuría "el rector", al vicerrector Ignacio Martín Baró y otros jesuitas hispano-salvadoreños, Armando López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes, además del cura salvadoreño Joaquín López y López todos profesores, así como la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, que tenía 16 años.

Entraron por el portón para peatones de la UCA, e incomprensiblemente, esperaron un rato junto al aparcamiento de automóviles. En ese momento pasó un avión a muy baja altura sobre la UCA, el cual despertó a Fermín Sainz y a varios vecinos. Frente al aparcamiento, los soldados fingieron el primer ataque, dañando los vehículos aparcados, y lanzaron una granada. Uno de los vigilantes de la universidad, que dormía en uno de los edificios enfrente del aparcamiento, atestiguó haber oído dos frases: "Ahí no vayan, que sólo hay cubículos" y "es hora de ir a matar a los jesuitas". El operativo se desarrolló formando tres círculos concéntricos. Un grupo de soldados permaneció en zonas distantes al Centro Monseñor Romero. Otros rodearon el edificio. Algunos de ellos se subieron a los tejados de las casas vecinas. Por fin, un grupo más pequeño, "selecto", participó directamente en los asesinatos. Solamente algunos miembros de este grupo han sido acusados y llevados ante la justicia.

"Los asesinados eran la conciencia crítica de El Salvador, sumido en la injusticia estructural y el terrorismo de Estado. Fue un crimen de lesa humanidad llevado a cabo por el Ejército y con el apoyo del Gobierno. No podía quedar impune", señaló Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología Ignacio Ellacuría en la Universidad Carlos III.

20 años después, dos asociaciones de derechos humanos, una española y otra estadounidense, han solicitado que se juzgue en España al entonces presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, por haber consentido y encubierto la masacre, y a 14 militares que supuestamente participaron en la operación criminal.

Una querella es promovida por la Asociación pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad, con sede en San Francisco (EE.UU.), solicita que se investiguen esos hechos, perdonados por el Parlamento salvadoreño, que en 1993 aprobó una ley de amnistía. general que ha protegido hasta hoy a todos los que estuvieron supuestamente implicados en la masacre, aún en libertad.

Ésa es la razón de que ambos colectivos hayan elegido la Audiencia Nacional, competente para juzgar los delitos de genocidio cometidos en el extranjero. Los hechos, según el escrito presentado ayer, "se subsumen en crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado" o, alternativamente, "en asesinatos cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad". La querella recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 6. Lo primero que tendrá que decidir su titular, Eloy Velasco, es si la admite a trámite, paso previo al inicio de la investigación.

La competencia de este órgano vendría también determinada porque cinco de las víctimas,los religiosos Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amado López eran españoles.

"Encubridor"

Alfredo Cristiani, el primer mandatario de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), según la querella, sería responsable como "encubridor" de los hechos. El ex presidente "ocultó información sobre los hechos", eludió "una adecuada investigación", organizando otra que incurrió "en graves irregularidades procedimentales" e ignoró los requerimientos de la justicia salvadoreña para investigar las muertes.

Además del ex presidente Alfredo Cristiani, entre los denunciados se encuentran el entonces ministro de Defensa, Humberto Larios, o el que era jefe del Ejército Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador cuando se produjo el atentado, René Emilio Ponce, además de otros cargos de los departamentos de Defensa y Seguridad Pública y otros militares miembros del batallón de Infantería Atlacatl, a los que se acusa de perpetrar los crímenes.

El presidente Elías Antonio Saca, encubre al encubridor

El presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, ha mostrado en contra del proceso penal que podría iniciarse en España y criticó la decisión de la Audiencia de seguir investigando. "Creo que abrir heridas del pasado no es la mejor fórmula para la reconciliación", aseguró Saca, que recordó que, en su momento, se firmó un acuerdo de paz basado en la Ley de Reconciliación y la Ley de Amnistía. Precisamente esta última norma es la que ha impedido que se juzgue a los presuntos autores de la matanza. "Nos sentimos muy orgullosos del presidente Cristiani", prosiguió Saca. "Es el presidente de la paz, es un hombre que sacó al país de la quiebra económica. Estamos con él, lo apoyamos y lo apoyaremos hasta el último instante, porque es un hombre histórico para el país. Definitivamente no tiene nada que ver en eso", concluyó.

No obstante, debe recordarse que los primeros intentos de ocultar el papel de los militares en los asesinatos de los jesuitas se produjeron, como hemos visto, incluso antes de que los soldados abandonaran el campus, atribuyendo el hecho al FMLN en rótulos y pintadas. El gobierno salvadoreño también se apresuró a desarrollar su propia campaña de encubrimiento. A finales de 1989, unos grupos de "emisarios", relacionados con ARENA y con el ejército, fueron enviados a Europa, Sudamérica y los Estados Unidos en una ofensiva diplomática que tenía por objeto combatir la publicidad negativa que los asesinatos le estaban produciendo al gobierno a nivel internacional. Un miembro del personal del Congreso de Estados Unidos, que se reunió en Washington con la delegación salvadoreña, recuerda que el grupo argumentaba que el FMLN quería matar a Ellacuría porque el presidente Cristiani le había pedido que participara en la investigación del atentado contra la sede de la federación sindical FENASTRAS en octubre de 1989. Según ellos, el propio FMLN había dinamitado la sede de FENASTRAS, considerada "fachada" de la guerrilla por el gobierno y el ejército salvadoreños, para intentar crear mártires y así desencadenar la ofensiva guerrillera. Al pedirle que formara parte de una comisión para investigar el atentado, Ellacuría habría descubierto el papel del FMLN en el mismo, por lo que había que matarlo antes de que publicara la verdad. Unas instrucciones preparadas por el ministerio de Relaciones Exteriores para las delegaciones, proporcionan ejemplos de preguntas y respuestas. Si les preguntaban por las amenazas emitidas por la radio contra los jesuitas durante las horas anteriores a los asesinatos, los miembros de las delegaciones tenían que describir el "micrófono abierto" como "una manifestación más de la libertad de prensa que existe en El Salvador." A propósito de la gran cantidad de pruebas circunstanciales que implicaban a la Fuerza Armada en el crimen, el ministerio de Relaciones Exteriores ofrecía lo siguiente: "No debe olvidarse que en cualquier caso, la atribución de tal hecho al gobierno o al ejército salvadoreño carece de todo fundamento moral y jurídico y no debe tomarse más que como una estrategia de los grupos terroristas tendiente a desestabilizar la democracia de la Nación. Debemos tomar en cuenta asimismo, que el beneficiario inmediato de este crimen es el FMLN que lo utiliza internacionalmente en su favor".

El gobierno de El Salvador mantuvo esta versión de los hechos durante todo el mes de diciembre de 1989 hasta que, a primeros de enero de 1990, su posición se hizo ya totalmente insostenible, aun cuando el presidente Saca intente borrar el pasado miserable de la historia sangrienta que la extrema derecha de ARENA ha sembrado en El Salvador.




Referencias:

* Altozano,M. y J.J.Dalton (14/11/2008). La Audiencia estudia una querella por la masacre de los jesuitas en El Salvador.Dos colectivos piden que se investigue por terrorismo al ex presidente Cristiani. En : El País. [En línea]. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/internacional/Audiencia/estudia/querella/masacre/jesuitas/Salvador/elpepuint/20081114elpepuint_4/Tes

* Cronología del Crimen. 11 al 16 de Noviembre de 1989. En: Simón Bolívar: el hombre libre. [En línea] . Disponible en: http://www.simon-bolivar.org/bolivar/conolog%C3%ADa_de_un_crimen.html

* Jesuitas exigen justicia en El Salvador por matanza sacerdotes (13/11/2008). Agencia Acan-Efe. La Gente.[En línea]. Disponible en: http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/resumen/41570

* La Audiencia investigará a 14 militares de El Salvador por la muerte de jesuitas en 1989. El juez Velasco instruirá la causa por delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes (13/01/2009 )EFE. El País [En línea]. Disponible en: http://www.elpais.com/articulo/espana/Audiencia/investigara/militares/Salvador/muerte/jesuitas/1989/elpepuesp/20090113elpepunac_3/Tes